Todo empezó cuando Claudia Miranda, ex vedette, ex amante de deportistas y por entonces obesa conductora de programas de “entretenimiento”, al enterarse de la muerte de su florista favorito, comenzó la cruzada “El que mata debe morir”. Pronto se sumaron otras figuras del ambiente artístico. Muchas de ellas, silenciadas durante años vaya uno a saber por qué mano negra de la patota cultura. La disminución de la edad de imputabilidad pareció entonces otra medida inteligente, lo mismo que la restauración del servicio militar obligatorio para todos aquellos menores considerados “en riesgo”. Sin embargo, la inseguridad lejos de disminuir, pareció aumentar. Por eso, tal vez, un grupo de vecinos de Lanús, indignados por el asesinato de un pobre empleado de un correo privado a manos de un menor de edad, decidió tomar cartas en el asunto. El menor fue prolijamente linchado y dejado su cadáver en exposición como ejemplo para el resto de su clase. Lamentablemente, un fiscal que intentó impedir este acto de justicia, fue también linchado junto con el menor, aunque, en este caso, los vecinos consideraron más honorable depositar su cadáver en un contenedor de basura.
Esto hubiera quedado más o menos en la anécdota de no ser por el hecho que el fiscal en cuestión era una figura muy querida en el ambiente tribunalicio y padre de dos jóvenes de veinte y veinticinco años, titulares de la primera división del Lanús Rugby club. La cuestión es que los jóvenes, justamente indignados por el comportamiento de la turba que dio fin a la vida de su padre, decidieron conformar lo que llamaron el “escuadrón de la justicia”. Durante meses, una veintena de muchachos, todos ellos hijos de buenas familias, se dedicaron a recorrer las calles del barrio golpeando a todos los vecinos en busca de los culpables de la muerte del malogrado fiscal de la nación. A juzgar por el número de víctimas de sus incursiones, unos noventa, entre hombres, mujeres y algunos niños, los culpables fueron debidamente castigados, por lo que el escuadrón, pronto se quedó sin objetivo. Fue entonces que comenzaron los ataques a prostitutas y proxenetas. Es que los jóvenes decidieron terminar con el flagelo de la prostitución y la trata de personas. Así fue que en pocos meses se cerraron todos los prostíbulos de la zona. Se produjeron también algunos daños colaterales: doscientas prostitutas muertas. Las que quedaron, comenzaron a ser regenteadas por el escuadrón de la justicia. El tráfico de drogas también fue afectado por el escuadrón hasta el punto en que ningún dealer de la zona dejaba de pagar el correspondiente “peaje” para vender sus productos, si quería seguir vivo. A este punto el gobierno decidió que ya era tiempo de sacar el ejército a las calles. Sin embargo, nadie contó con que los cuerpos de infantería estaban ya plagados de los otrora menores “en riesgo”, hoy ya ejemplares antisociales hechos y derechos. El Gran Buenos Aires se convirtió entonces en un verdadero campo de batalla. Afortunadamente la situación quedó saldada cuando el presidente pidió la actuación del ejército del Gran País del Norte que instauró la ley marcial en todo el territorio nacional. Largos años de ocupación nos han enseñado lo suficiente como para llegar a este histórico día en el que, con la colaboración de los principales juristas de nuestra sufrida patria, declaramos instaurado en todo el territorio de la Nación, por decreto y de manera permanente e inderogable, este moderno principio jurídico de justicia retributiva. No se trata de un código farragoso en cuyos pliegues puedan escudarse los delincuentes para seguir delinquiendo. Es un principio tan simple, que hasta puede ser explicado en esta media docena de palabras que queremos que, de ahora en más, queden grabadas a fuego en nuestra carta magna:
“Ojo por ojo, diente por diente.”
Comuníquese, promúlguese, regístrese y archívese.
